El presidente de la seccional Oeste de San Francisco de Macorís rechazó una
convocatoria del Tribunal Nacional Disciplinario, mientras continuó promoviendo
jornadas de protestas que incluyen dos días de suspensión de docencia en
diciembre. El caso pone en evidencia tanto el comportamiento del dirigente como
la falta de autoridad visible de los organismos disciplinarios de la ADP.
San Francisco de Macorís/José Valdez A Robert Dannerys Frías Núñez parece
habérsele olvidado que dirige una seccional de la Asociación Dominicana de
Profesores (ADP), no una organización de su propiedad. Ocupar esa posición no
lo convierte en dueño del gremio ni le otorga autoridad para desconocer sus
estructuras cada vez que las decisiones colectivas no coinciden con sus
criterios.
Mucho menos
puede pretender colocarse por encima de los estatutos de la institución, las
mismas normas que juró respetar al asumir sus funciones, al igual que la
Constitución de la República. El liderazgo sindical no concede poderes
absolutos: implica responsabilidades, respeto a las reglas y sometimiento a las
decisiones institucionales, incluso cuando no sean del agrado de quien dirige.
La actuación
de Robert Dannerys Frías Núñez abre un debate sobre el liderazgo sindical y el
respeto a las estructuras institucionales. Frías quien ha sido vinculado
públicamente con sectores de izquierda, pero más allá de esa identificación
política, desde nuestra perspectiva resulta cuestionable que las diferencias
internas se expresen mediante descalificaciones personales o el rechazo a una
convocatoria institucional.
En cuanto a
los hechos, el 11 de septiembre de 2026, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de
la ADP emitió la Circular Informativa No. 10-2026, disponiendo que las
paralizaciones, los recortes de horarios y los brazos caídos quedaran bajo la
conducción de la dirección nacional. Tres días después, el Tribunal Nacional
Disciplinario convocó oficialmente a Frías y al presidente del Tribunal
Municipal Disciplinario a una reunión el 16 de septiembre, en la Casa Nacional.
La comunicación no especificaba los motivos ni hablaba de juicio disciplinario,
pero ambos fueron citados de manera formal.
Frías publicó en sus redes personales la convocatoria y anunció que no
asistiría, calificando de «cobardes» a los integrantes del CEN y de «traidores»
a quienes, según sus propias palabras, comprometían la organización su reacción
dejó expuesta una confrontación públicamente con los organismos nacionales de
la ADP y planteó interrogantes sobre el respeto a los procedimientos y las
normas que rigen la vida interna del sindicato de los profesores del pais.
¿Para qué tiene la ADP un Tribunal Disciplinario?
La responsabilidad también recae sobre la dirección nacional de la ADP porque
si un dirigente puede desconocer públicamente una convocatoria, descalificar a
los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y continuar actuando sin que se
conozcan consecuencias institucionales, cabe preguntar: ¿para qué existe
entonces un Tribunal Nacional Disciplinario?
Después de aquella convocatoria del 14 de septiembre, es solo que nos preguntamos
¿qué acciones tomó ese organismo? ¿Volvió a citar a Robert Frías? ¿Investigó su
negativa a comparecer y sus declaraciones públicas? ¿Adoptó alguna medida o
simplemente dejó que el episodio pasara al olvido?
La dirección nacional tiene la obligación de aclarar esta situación y
demostrar que los mecanismos institucionales de la ADP funcionan y no es que se trata de imponer sanciones sin pruebas ni
de desconocer el derecho de defensa de ningún dirigente, sino de garantizar que
las normas se apliquen y que las diferencias se resuelvan por las vías
establecidas por qué entonces una
organización sindical no puede exigir respeto a sus decisiones si sus propios
organismos no ofrecen respuestas claras, oportunas y transparentes. La
autoridad institucional se demuestra con actuaciones, no solamente con
comunicados y convocatorias.
Tras los insultos, Robert Frías anuncia nuevos paros pese a disposición
nacional de la ADP
La confrontación no terminó con los insultos de septiembre. El 27 de
octubre, Robert Frías anunció con bombos y platillos nuevas jornadas de lucha y
suspensiones de clases e hizo público un calendario de movilizaciones que se
extenderá hasta el mes diciembre de tal manera
·
29 de octubre: asamblea simultánea.
·
4 de noviembre: piquetes en los siete distritos
educativos.
·
18 de noviembre: entierro popular.
·
23 de noviembre: reunión de evaluación con
presidentes de la Regional 07.
·
2 y 3 de diciembre: paro de labores docentes.
También se anunció un paro específico para el 6 de noviembre en el liceo
Eugenio Cruz Almánzar, conocido como Liceo Viejo junto a al grupo estudiantil
del FELABEL.
Las contradicciones resultan más que evidente mientras el Comité Ejecutivo
Nacional había dispuesto mediante la Circular 10-2026, del 11 de septiembre,
que las paralizaciones y demás acciones de lucha quedaran bajo la conducción de
la dirección nacional, semanas después se anunciaba desde el ámbito local un
calendario que incluía nuevas protestas y hasta dos días de paro docente en
diciembre. Es decir, mientras la dirección nacional establecía una línea de
conducción y un compás de espera, desde San Francisco de Macorís se proyectaban
nuevas jornadas de movilización.
Preguntamos ¿Fue ese calendario autorizado por el CEN o Robert Frías decidió
continuar con su propia agenda al margen de la disposición nacional? La
dirección de la ADP tiene que explicar si sus resoluciones son de cumplimiento
obligatorio para todas las seccionales o si cada dirigente puede interpretarlas
y actuar según su propio criterio. Porque, de ser así, queda seriamente
cuestionada la autoridad de los organismos nacionales sobre sus estructuras
locales a tal punto que entonces deberían de ser eliminadas en su totalidad .
Un dirigente que conoce los límites legales de las huelgas, pero continúa
promoviendo paralizaciones
Robert Frías suele ampararse en el derecho constitucional a la protesta para
justificar sus convocatorias a paralizaciones docentes. Y ciertamente, tiene
derecho a reclamar y manifestarse, pero parece olvidar que así como exige que
se respeten sus derechos, también debe respetar los derechos de los demás,
especialmente el de miles de estudiantes a recibir educación.
Los derechos constitucionales no son exclusivos ni absolutos, y el derecho a
protestar no puede convertirse en una excusa para desconocer las decisiones de
los tribunales ni pasar por encima de los derechos de quienes no tienen ninguna
responsabilidad en el conflicto.
Vamos a recordar En noviembre de 2023, un tribunal del palacio de justicia
de esta ciudad ordenó a la ADP de San
Francisco de Macorís y a su presidente abstenerse de realizar huelgas que
afectaran el derecho a la educación, estableciendo una astreinte conjunta de
RD$15,000 diarios en caso de incumplimiento de esa decisión. Frías levantó
aquella paralización, por lo que la astreinte no llegó a ejecutarse en aquella ocasión.
Sin embargo, después de aquella experiencia, las paralizaciones volvieron a
repetirse.
Y ahí está la contradicción que Frías debe explicar: exige que se
respete su derecho constitucional a protestar, pero ¿dónde queda su obligación
de respetar las decisiones judiciales? ¿Por qué reclama que las autoridades
respeten sus derechos mientras continúa promoviendo acciones que vuelven a
colocar en riesgo el derecho de miles de estudiantes a recibir docencia?
La Constitución no puede invocarse únicamente cuando conviene. El derecho a
la protesta debe convivir con el derecho a la educación y con el cumplimiento
de las decisiones judiciales. No se puede exigir respeto al propio derecho
mientras se ignoran las obligaciones que también impone la ley.
Frías exige que se respete su derecho constitucional a protestar, pero
parece olvidar que también tiene la obligación de respetar las decisiones de
los tribunales y los estatutos de la organización que dirige. No puede reclamar
respeto para sus derechos mientras desconoce los límites que impone la justicia
y actúa como si las normas de la ADP solo fueran válidas cuando coinciden con
sus decisiones.
Los estatutos no son opcionales, ni el Tribunal Nacional
Disciplinario es un organismo decorativo al que se puede ignorar cuando convoca
a sus dirigentes. Si exige que las autoridades respeten sus derechos, debe
demostrar la misma disposición para respetar los derechos de los estudiantes,
las decisiones judiciales y las reglas de su propia organización. En una
sociedad democrática, el respeto a la ley y a las instituciones no puede ser
una exigencia de una sola dirección.
